Declaración de los Pueblos Indígenas de Abya Yala


Los representantes de los pueblos indígenas de Abya Yala, articulados en 
la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica- 
COICA, la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas CAOI, el 
Consejo Indígena de Centro América CICA, el Consejo Indígena de Meso 
América CIMA, la Red de Mujeres Indígenas por la Biodiversidad RMIB, el 
Consejo de Todas las Tierras, Enlace Continental de Mujeres Indígenas de 
las Américas, los representantes del Pueblo Saramaka y otros delegados 
de Pueblos Indígenas que suscriben esta resolución, en el marco del 
desarrollo del “Diálogo Regional de Pueblos Indígenas y el Fondo 
Cooperativo para el Carbono Forestal (FCPF) del Banco Mundial”, 
efectuado en Lima, Perú del 22 al 24 de agosto del 2012, luego de haber 
desarrollado un profundo análisis sobre la política de los gobiernos en 
relación a la elaboración, implementación y aplicación de la política de 
REDD+, en la región.

Considerando que la implementación de los procesos REDD+ en Abya Yala ha 
significado la violación de los derechos fundamentales de los Pueblos 
Indígenas; reiteramos al Banco Mundial, al FCPF y a su Comité de 
Participantes, nuestras propuestas generales siguientes.

Hemos revisado la Política Operativa 4.10 del Banco Mundial sobre 
Pueblos Indígenas. A este respecto las experiencias nos reportan que 
tales políticas no cubren las diversas situaciones en materia de 
derechos colectivos que afectan a los Pueblos Indígenas en los países de 
la región y que debe ser armonizada con la Declaración de Naciones 
Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI).

Los Pueblos Indígenas reiteramos que dicha Declaración (DNUDPI), es el 
instrumento que estipula derechos mínimos y al mismo tiempo constituye 
una herramienta elemental para el diálogo nacional y multilateral basado 
en la buena fe. Sin embargo, este instrumento no ha sido respetado ni 
aplicado por los gobiernos en muchas partes de la región. De la misma 
forma y a pesar de las limitantes del Convenio 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes de la OIT, sigue siendo un 
instrumento válido que se debe respetar, promover y aplicar. Asi mismo, 
los estados y la banca multilateral, deben respetar la jurisprudencia 
(Casos Saramaka, Awas Tigni, Sarayaku, entre otros) sobre Derechos de 
los Pueblos Indígenas que va estableciendo la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) y que hace parte de los “acuerdos 
internacionales” que comprometen a los estados latinoamericanos. En 
relación a la armonización de la normativa interna de cada país con sus 
obligaciones internacionales de derechos humanos de los pueblos 
indígenas, exigimos que todo esto sea un requisito previo a la 
aprobación de los proyectos de REDD+ en nuestros países.

Los Pueblos Indígenas ratificamos el derecho inherente e imprescriptible 
sobre nuestras tierras, territorios y sus recursos, basados en el 
artículo 28º de la DNUDPI.

Los Pueblos Indígenas reiteramos el derecho a la Libre determinación que 
nos asiste y que ha sido reconocido recientemente por la resolución de 
la Asamblea General de Naciones Unidas para la implementación Universal 
de dicho derecho y del mismo modo reconocido en el artículo 3º de la 
DNUDPI, así como en la “Declaración del Derecho al Desarrollo” y como lo 
estipula inequívocamente el artículo 1º del Pacto de Derechos Civiles y 
Políticos y el artículo 1º del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales.

Asi mismo, señalamos las propuestas siguientes:

1. A raíz de la experiencia de preparación, implementación y aplicación 
de los R- PP sobre políticas de REDD, en América Latina y el Caribe, los 
Pueblos Indígenas consideramos un imperativo establecer un Protocolo 
Internacional (Principios, reglas y procesos) para la relación 
institucional y permanente entre el Banco Mundial, FCPF y los Pueblos 
Indígenas sobre la implementación de los mecanismos y procesos REDD+ en 
todas sus etapas; que estén basados en la Declaración de Naciones Unidas 
sobre Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI).

Consideramos que dicho Protocolo Internacional debe elaborarse mediante 
un diálogo directo, transparente, equitativo y de fiel cumplimiento, 
entre el Banco Mundial y los Pueblos Indígenas del Abya Yala, a través 
de las organizaciones presentes en este Diálogo y ampliable a otras más, 
mediante un proceso, que deben ser apoyado por el FCPF y construido 
conjuntamente con nuestras organizaciones.

2. Los procesos REDD+ no deben ser continuados o implementados en 
aquellos países donde no se hayan respetado los derechos colectivos y 
territoriales de nuestros pueblos; ni efectuado las debidas consultas, 
con la participación efectiva de los pueblos, o donde se carecen de 
mecanismos institucionales para la preparación y ejecución de REDD+; 
hasta que dichos derechos fundamentales sean respetados y garantizados, 
con evaluaciones independientes al respecto. Lo que empieza o se prepara 
mal, no se podrá mejorar en las etapas siguientes.

3. Sobre la revisión de la Directiva Operacional 04.10 del Banco Mundial 
sobre Pueblos Indígenas, rechazamos el enfoque de diluirla o 
desaparecerla en una norma sobre “comunidades locales”. Nuestra 
solidaridad con ellas implica, no reducir derechos, sino al contrario 
ampliar lo ya conseguido por nuestros pueblos a dichas comunidades locales.

4. En cuanto a la capacitación y relación directa e institucional entre 
los Pueblos Indígenas, el FCPF y el Banco Mundial, las organizaciones de 
los Pueblos Indígenas articuladas en la Coordinadora de Organizaciones 
Indígenas de la Cuenca Amazónica COICA, la Coordinadora Andina de 
Organizaciones Indígenas CAOI, el Consejo Indígena de Centro América 
CICA, Consejo Indígena de Meso América CIMA, la Red de Mujeres Indígenas 
por la Biodiversidad RMIB, el Consejo de Todas las Tierras, Enlace 
Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, los representantes del 
Pueblo Saramaka y otros delegados de Pueblos Indígenas que suscriben 
esta resolución, conformaremos un equipo con organizaciones idóneas para 
establecer y efectuar las actividades denominadas de “Intermediarios 
Regionales”. Esta se formalizará ante el Banco Mundial y FCPF en un 
plazo que no exceda los 30 días y se solicita a dichas entidades, el 
apoyo para el proceso indígena que permita viabilizarlo.

Finalmente reiteramos nuestra firme disposición al dialogo tanto con el 
Banco Mundial y con el FCPF, con el objeto de definir el alcance y 
contenido del Protocolo Internacional, lo cual debe constituir la base 
para la relación firme y duradera en el futuro; para lo cual proponemos 
la continuidad de este Diálogo mediante un nuevo cronograma posterior al 
Diálogo global de Diciembre del 2012 en Doha.

Lima, 24 de agosto del 2012

Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica COICA

Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas CAOI

Consejo Indígena de Centro América CICA

Consejo Indígena de Meso América CIMA

Red de Mujeres Indígenas por la Biodiversidad RMIB

Consejo de Todas las Tierras

Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas

Cúpula dos Povos

Entrevista com representante catarinense Cris Mariotto. Ele fala sobre a Cúpula dos Povos, as demandas indígenas e os desafios.


O interminável massacre do povo indígena



Até quando veremos, impávidos, o extermínio, sem fazer nada?


Por elaine tavares - jornalista


Quando os portugueses chegaram à costa brasileira nada mais queriam do que ouro e riquezas, da mesma forma que os espanhóis na região central de Abya Yala. Dar de cara com outros povos, outra língua e outra maneira de organizar a vida não causou problema. Eles tinham o poder das armas. E, assim, pela força dos arcabuzes, impuseram um deus, escravizaram, dizimaram, destruíram. A invasão de Pindorama nunca foi um “encontro de culturas”. Foi genocídio. Naqueles dias, milhões de pessoas foram mortas por conta da ganância dos estrangeiros. “Não têm alma”, diziam os piedosos padres. Os que resistiram se embrenharam nas matas, fugiram do litoral e conseguiram ficar à margem do extermínio por algum tempo. Mas foi um curto período. Com a colonização, os portugueses abriram caminho para o interior e nesse movimento tampouco pouparam pólvora. Os indígenas eram apagados do mapa. Depois, com a chegada dos imigrantes, novamente os indígenas passaram por violentas levas de extermínio.


O tempo passou e as comunidades indígenas que sobreviveram foram travando suas lutas. Houve páginas memoráveis de resistência. Na região norte, de mais difícil penetração, muitos grupos conseguiram seguir com suas vidas. Mas, no início do século XX, com a nova política de ocupação nacional, os indígenas voltaram a ser contatados, dessa vez com menos violência física, mas com a mesma intenção de negação da sua cultura e do seu modo de vida. A proposta era a de integrá-los à vida nacional, considerada “a civilização”. Apesar das boas intenções de figuras como o Marechal Rondon, a decisão de integração era unilateral. Ninguém perguntara aos indígenas se era esse o seu desejo. Era uma política de estado e estava baseada na ideia de que o modo originário de vida não era bom.


Na verdade, essa proposta de integração forçada também se configurava uma violência contra as comunidades. E, os que não aceitaram “se integrar” ao “mundo civilizado” tiveram de se manter em “reservas”, lugares previamente demarcados para sua “proteção”. Assim, aqueles que eram os donos legítimos dessas terras passaram a viver de favor, confinados e dependentes do governo em praticamente tudo, inclusive a comida. Não bastasse serem tutelados, os indígenas acabaram na linha de fogo de uma batalha contra aqueles que haviam se apropriado das terras: fazendeiros, grileiros, latifundiários. Não foram poucos os conflitos que se seguiram quando o Brasil decidiu ampliar sua fronteira agrícola. As comunidades que estavam em áreas férteis logo passavam a ser acossadas. Na região amazônica, as riquezas em madeira e biodiversidade tornaram a área extremamente cobiçada e também nas profundezas da selva os indígenas tiveram de enfrentar os mesmos inimigos de sempre: missionários, grileiros, ONGs, os “bem-intencionados”.


Todas essas lutas sempre se deram num contexto desigual. Primeiro, os indígenas eram os selvagens que precisavam ser civilizados, depois eram os preguiçosos que não queriam saber de trabalhar no mundo novo que tão bondosamente tinha sido dado a eles. De um jeito ou de outro eram apresentados à nação como seres inúteis, passíveis apenas de se manterem como “coisa exótica”. Quando essas comunidades começaram a lutar, outra vez, pelos seus territórios, toda essa carga de preconceito voltou à tona. E os índios passaram a ser apontados como aqueles que impediam o progresso do país. Garantir grandes extensões de terra a essa gente era vista como um absurdo, afinal, eles não trabalhavam. Tal e qual os portugueses de 1500, as gentes do poder seguiam olhando para os indígenas como seres de segunda categoria, incapazes, atrapalhos, coisa para ser aniquilada.


Ainda assim as lutas prosseguiram. Na Constituição de 1988 as comunidades indígenas lograram conquistar direitos. Seguiam ainda tuteladas, mas consolidavam um espaço de disputa no qual já era impossível negar a importância dessas gestes, de sua cultura e seu modo de vida, tão absolutamente outro, diferente do proposto pelo modo de produção capitalista hegemônico no mundo ocidental.


As lutas do presente


Quando o século XXI alvoreceu, em todo o planeta assomava um movimento gigantesco de recuperação da memória das culturas que foram oprimidas pelo colonialismo europeu do período chamado de “modernidade”. Nos anos 90, ainda no século XX, comunidades do Equador invadiram o centro da capital Quito, ocuparam igrejas e decidiram que tomariam a sua vida nas mãos. Em 1994 os índios chiapanecos, do México, também se insurgiram, em armas, tomaram cidades e decidiram que nunca mais o mundo viveria sem tomar em conta as suas demandas. Depois, foi um espocar de lutas e rebeliões por toda a faixa andina, na América do Sul, e nos cantões da América Central, no Caribe, na América do Norte (Estados Unidos e Canadá). O Brasil não ficou de fora. As comunidades, caladas por 500 anos, assomavam com suas palavras, seu mitos, sua cosmovisão. Queriam gerir suas vidas e proteger seu território, sistematicamente consumido pela voraz ambição do capital. Para esses povos a terra não é objeto de especulação, é espaço sagrado. Terra é mãe da vida, água é morada dos deuses, bichos são parte de um equilibrado sistema de sobrevivência. Essas coisas não tem preço, têm valor.


Para os homens do poder, esse movimento indígena é coisa que precisa ser freada. Não aceitam entregar a eles o domínio sobre suas terras, até porque muitas delas estão repletas de riquezas. Seus argumentos são singelos: os índios não sabem proteger seus territórios, vendem madeira por cachaça, não conhecem os instrumentos do progresso. Ou seja, não teriam condições de gerir com sapiência, as terras que lhe são confiadas. Assim, nada melhor do que eles, os capitalistas, para dirigir e controlar os territórios. Eles são trabalhadores, empreendedores, podem trazer o progresso, como é o caso das barragens que se constroem na Amazônia. Isso é cuidar, isso é proteger, isso é dar função social para a terra. E não essa ideia indígena de deixar a terra sem uso, que segundo eles, é anti-progresso. E assim vai se fazendo a queda de braço, tão desigual. Basta uma espiada na obra de Belo Monte para se ver os estragos causados à mata, à biodiversidade, às famílias ribeirinhas. Os índios resistem e são sufocados por armas e preconceito. E, na derrota dos indígenas vem a miséria de todos os que por ali vivem, porque o “progresso” dos capitalistas significa progresso apenas para alguns.


Não bastasse toda a história de extermínio, preconceito e opressão, agora a Advocacia Geral da União, órgão do governo, decidiu baixar uma portaria que estende para todas as terras indígenas no país, as condicionantes decididas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na Ação Judicial contra a Terra Indígena Raposa Serra do Sol (Petição 3.888-Roraima/STF). E o que isso significa? Mais um golpe na vida dos 800 mil índios que ainda resistem nesse país.


O Brasil na contramão


Concretamente, as tais condicionantes permitem que as terras indígenas possam ser ocupadas por unidades, postos e demais intervenções militares, malhas viárias, empreendimentos hidrelétricos e minerais de cunho estratégico, sem que os indígenas sejam consultados sobre isso, coisa que contraria frontalmente a Constituição e também a Convenção 169, da Organização Internacional do Trabalho (OIT). Da mesma forma permite que haja uma revisão das demarcações em curso ou já efetuadas que não estejam dentro dessas regras, mais uma vez violando a autonomia dos povos sobre os seus territórios. Com isso, o governo tira das comunidades a possibilidade de elas mesmas decidirem sobre as riquezas naturais que existem em suas terras. Ou seja, entrega aos capitalistas o direito de explorar.


Outra forma de pressionar as comunidades indígenas é a transferência, para o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO), do controle das terras indígenas, sobre as quais, de maneira indevida e ilegal foram sobrepostas Unidades de Conservação. Ou seja, de maneira perversa buscam colocar os indígenas no papel de destruidores, poluidores e invasores de áreas ambientais.


A portaria 303, da AGU, é a forma moderna de dominação dos mesmos velhos opressores. Se antes eram os arcabuzes, agora é a lei. E o que é mais espantoso, uma lei que viola a Carta Magna. Ora, a decisão do STF só tem validade para a área da Raposa Terra do Sol, e já foi uma grande derrota dos povos indígenas. Por isso mesmo que a luta contra essa decisão específica não acabou. Os indígenas que ali vivem seguem questionando, em luta e na justiça, essa decisão. Ainda existem embargos não julgados. Como então a AGU pode editar uma portaria estendendo as condicionantes ainda não definitivas para as demais áreas? E quem disse que a AGU tem poderes para isso? Só o Congresso Nacional pode legislar sobre terras indígenas. A resposta só pode estar na pressão que vem sendo feita pelos latifundiários e empresários que querem ocupar e explorar as terras ricas em poder dos índios.


O mundo moderno é um mundo em luta pela energia. Esgota-se o petróleo e todo o modo de produção capitalista - que é destruidor na sua essência – está em colapso. Por conta disso, aqueles que detiveram o controle sobre a água e sobre a biodiversidade serão, sem dúvida, os que dominarão o mundo. Não é sem razão que grandes extensões de terras vêm sendo compradas por investidores internacionais em regiões como o Pantanal, a Amazônia, o Aquifero Guarani, justamente onde estão os indígenas “atrapalhando” o processo de dominação dos recursos e das riquezas. O governo brasileiro, seguindo a mesma mentalidade entreguista da maioria dos seus antecessores, se dispõe a conceder direitos aos ditos “empreendedores”, mais uma vez condenado os indígenas ao extermínio, e o povo em geral à dependência.


A se concretizarem os pressupostos da Portaria 303, qualquer terra já demarcada pode ser revista e tirada das comunidades, basta que dentro delas haja algo que seja do interesse dessa gente sempre pronta a sugar as riquezas do país. E, esse tipo de coisa só acirra ainda mais os conflitos existentes, nos quais as comunidades indígenas seguem em franca desvantagem, entregando todos os dias, os seus mortos. Como combater jagunços fortemente armados? Como se defender de milícias de mercenários bem treinados, franco-atiradores, assassinos de aluguel? É a história se repetindo.


Só a união de todos garante a vida


Para a sociedade, o governo faz propaganda e usa dos meios de comunicação mentindo descaradamente sobre diálogo e promoção de direitos indígenas. Mas, na prática, a política segue sendo a do extermínio e do massacre das culturas autóctones. Na contramão de tudo o que acontece na América Latina, aonde os povos originários vão conquistando cada dia mais direitos, o governo brasileiro caminha para o retrocesso, aliado ao agronegócio e aos interesses internacionais, jogando o povo inteiro nas malhas da eterna dependência.


É preciso que as gentes brasileiras conheçam o que está por trás das letras pequenas das leis. Que os sindicatos informem os trabalhadores, que se faça uma aliança entre os trabalhadores da cidade, do campo e as comunidades indígenas. Esses 800 mil índios que ainda resistem ao massacre iniciado em 1500 são a nossa herança histórica, a célula mãe da nossa cultura, legado imortal, parte constitutiva da nossa essência como povo. Defender o seu direito de viver nas terras originalmente ocupadas, de preservarem seu modo de vida, seus deuses, sua cosmovisão, de gerirem suas riquezas dentro dos princípios que lhes são únicos, como o equilíbrio ambiental e a reciprocidade, é garantir a possibilidade da construção de outra sociedade, justa e soberana.


Não é possível que as gentes brasileiras permitam que se entreguem as nossas riquezas aos poderosos de plantão, aos estrangeiros, aos ditos “arautos do progresso” que, na verdade, nada mais são do que os destruidores da vida. As comunidades indígenas nos mostram que há outras formas de vida, outro “progresso”, outro modelo de desenvolvimento. Negar isso é compactuar com um crime, é agir como agiram os invasores, os assassinos, é defender o massacre.


Já basta de sangue indígena em nossas mãos. Todo o repúdio a portaria 303.

Luta pelos direitos indígenas


Entidades lançam manifesto contra decisão governamental que ataca direitos dos indígenas

Governo Dilma promove a maior cruzada contra os direitos indígenas com trapalhadas jurídicas e medidas administrativas e políticas nunca vistas na história do Brasil democrático
O movimento Indígena, por meio da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil – APIB, depois de repudiar a publicação, por parte da Advocacia Geral da União (AGU) da Portaria 303, de 16 de julho de 2012, exigiu do Governo Federal a total revogação deste instrumento cujo propósito é ”restringir os direitos dos povos indígenas garantidos pela Constituição Federal e por instrumentos internacionais como a Convenção 169 da OIT, que é lei no país desde 2004, e a Declaração da ONU sobre os direitos dos Povos Indígenas.”

Em razão de seu viés claramente antiindígena, diversos povos e associações indígenas, personalidades, organizações e movimentos sociais e inclusive setores do governo reagiram repudiando o feito. Como resposta, o Governo tomou a decisão de adiar por 60 dias, até o dia 24 de setembro, a entrada em vigor da Portaria, para nesse período permitir “a oitiva dos povos indígenas sobre o tema”.

Adiar não significa suspender, muito menos revogar, demonstrando com isso a clara intenção do governo federal em mais uma vez atropelar a Constituição brasileira, os mais de 800 mil índios (IBGE 2010) que habitam este País, no que consideramos a maior e mais desleal ofensiva na história do Brasil democrático contra os direitos originários desses povos.
A Portaria 303 é um instrumento jurídico-administrativo absolutamente equivocado e inconstitucional, na medida em que estende condicionantes para todas as demais terras indígenas, decididas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na Ação Judicial contra a Terra Indígena Raposa Serra do Sol (Petição 3.888-Roraima/STF).

É de conhecimento público que a decisão do STF ainda não transitou em julgado e essas condicionantes podem sofrer modificações ou até mesmo ser anuladas em parte.
O poder executivo, por meio da AGU, de forma irresponsável e atendendo à voracidade do capital, do agronegócio e de outras forças econômicas e políticas interessadas nas terras indígenas e riquezas nelas existentes, simplesmente antecipou a sua interpretação do que os ministros decidiram em 2009, atropelando assim uma decisão que cabe ao STF.  

Principais pontos da Portaria que trazem grandes prejuízos aos povos indígenas

1. Afirma que as terras indígenas podem ser ocupadas por unidades, postos e demais intervenções militares, malhas viárias, empreendimentos hidrelétricos e minerais de cunho estratégico, sem consulta aos povos e comunidades indígenas;

2. Determina a revisão das demarcações em curso ou já demarcadas que não estiverem de acordo com o que o STF decidiu para o caso da Terra Indígena Raposa Serra do Sol;

3. Ataca a autonomia dos povos indígenas sobre os seus territórios. Limita e relativiza o direito dos povos indígenas sobre o usufruto exclusivo das riquezas naturais existentes nas terras indígenas; 

4. Transfere para o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO) o controle de terras indígenas, sobre as quais indevida e ilegalmente foram sobrepostas Unidades de Conservação;

5. Cria problemas para a revisão de limites de terras indígenas demarcadas que não observaram integralmente o direito indígena sobre a ocupação tradicional.

Por que a Portaria é inconstitucinal e afronta os direitos indígenas?

1. A decisão do STF na Petição 3388 só vale para a Terra Indígena Raposa Serra do Sol em Roraima. Recentemente três Ministros do STF reafirmaram esse entendimento;
2.Essa decisão do STF pode ainda sofrer alterações, pois as comunidades indígenas da Terra Indígena Raposa Serra do Sol estão questionando judicialmente a decisão do STF, por meio de Embargos de Declaração ainda não julgados;

3. O Advogado Geral da União não tem poderes para fazer leis que afetem os povos indígenas, o que compete ao Congresso Nacional;

4. Coloca condicionantes para usufruto exclusivo pelos povos indígenas das riquezas naturais existentes em suas terras em visível desrespeito ao  artigo 231 da Consituição Federal;

5. Desrespeita o direito que os povos indígenas têm de serem consultados sobre medidas ou projetos governamentais que podem afetá-los, como determina a Convenção 169 da OIT.

Muita atenção !!! Todas as Terras Indígenas brasileiras estão em grave situação de risco!
Os artigos 2º e 3º da Portaria 303 questionam a validade de tudo o que já foi feito em relação à demarcação das terras indígenas. Isso quer dizer que inclusive as terras já demarcadas podem ser revistas e ajustadas. Ao levantar irresponsavelmente incertezas sobre a legalidade da demarcação das terras indígenas, o governo federal, por meio da AGU, acabou por criar expectativas àqueles setores que sempre cobiçaram essas terras, estimulando assim a violência no campo, já que é certo o aumento de invasões de terceiros. A memória das numerosas lideranças indígenas mortas pelo latifúndio na luta intransigente pela regularização de suas terras foi irremediavelmente abalada e o futuro das novas gerações ficou gravemente comprometido.

A quem interessa a Portaria 303 !

A pergunta que as lideranças e organizações indígenas e os aliados se fazem é sobre os motivos que levaram a AGU a publicar uma Portaria com implicações tão graves e tão descaradamente contrárias aos interesses e direitos dos povos indígenas.

É, no mínimo, um ato do mais puro cinismo termos a Portaria 303 publicada justamente no momento em que o governo chama os povos indígenas para “dialogar” sobre a promoção e a proteção dos direitos indígenas no âmbito da Comissão Nacional de Política Indigenista (CNPI). Mais hipócritas ainda são as discussões levadas à frente pelo Grupo de Trabalho Interministerial (GTI) para regulamentar os mecanismos de consulta e consentimento livre, prévio e informado, estabelecido pela Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT).

A publicação da Portaria 303 deixa claro que o governo de fato não tem qualquer intenção de estabelecer um diálogo democrático e transparente quanto aos assuntos que realmente importam para os povos indígenas e para as questões ambientais.

Com a publicação da Portaria 303, perpetua-se em pleno século XXI a falsa e injusta compreensão de que os povos indígenas e as terras habitadas pelos mesmos são empecilhos ao “desenvolvimento”, porque dificultariam o licenciamento e a construção de hidrelétricas, rodovias, linhas de transmissão entre outros empreendimentos e impediriam o avanço da exploração dos recursos naturais.

Num jogo desleal com os povos indígenas, o governo apresenta-se interessado em discutir a Convenção169, mas na calada da noite já arquitetava a Portaria 303 empurrando goela abaixo dos povos e comunidades indígenas empreendimentos como a hidrelétrica de Belo Monte, o conjunto de hidrelétricas na região do rio Tapajós e rodovias que impactam terras indígenas, assim como tantos outros empreendimentos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

É sintomático o amplo apoio que a Portaria 303 recebe do agronegócio. De acordo com representantes deste, essa iniciativa do governo, daria mais segurança jurídica aos “proprietários” não índios que ocupam as terras indígenas, porque não seriam mais obrigados a devolvê-las aos povos indígenas e ainda teriam a possibilidade de estenderem seus latifúndios sobre as terras indígenas já demarcadas.

A Portaria 303 é o ápice de uma sequência de golpes contra os Direitos Indígenas
O governo federal, desde a edição do PAC, tem provocado um retrocesso nunca antes vivido neste País, tanto no que cabe aos direitos dos povos indígenas e comunidades tradicionais (quilombolas, por exemplo), quanto à legislação ambiental. Isso é um fato já amplamente denunciado pelo movimento indígena brasileiro, organizações e movimentos sociais e entidades indigenistas e ambientalistas. Determinado a levar em frente e a qualquer custo o seu plano neodesenvolvimentista, o progresso e o crescimento econômico do Brasil, o Governo Federal tem optado por adotar uma série de medidas administrativas e jurídicas que afrontam gravemente a vigência dos direitos originários, coletivos e fundamentais dos povos indígenas, sendo a Portaria 303 o último golpe. Dentre essas atabalhoadas medidas destacamos :

1. Portaria 419
Em 28 de outubro de 2011, o Governo Federal editou a Portaria Interministerial de número 419, que foi assinada pelos ministros da Justiça, do Meio Ambiente, da Saúde e da Cultura. Essa Portaria visa regulamentar a atuação da Fundação Nacional do Índio (Funai), da Fundação Cultural Palmares (FCP), do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e do Ministério da Saúde (MS) no que diz respeito à elaboração de pareceres em processos de licenciamento ambiental conduzidos pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). O propósito dessa Portaria é acelerar o processo de licenciamento de empreendimentos do PAC diminuindo, assim, ainda mais os já reduzidos prazos vigentes de manifestação desses órgãos quanto à viabilidade ou não de implantação dos empreendimentos que afetam os povos indígenas, os quilombolas e as áreas de preservação ambiental. Em outras palavras, busca agilizar e facilitar a concessão das licenças ambientais aos grandes projetos econômicos, especialmente de hidrelétricas, mineração, portos, hidrovias, rodovias e de expansão da agricultura, do monocultivo e da pecuária.

2. PEC 215 e outras iniciativas legislativas

Em 21 de março de 2012, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou a admissibilidade da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 215/00. Esta PEC tem o propósito de transferir para o Congresso Nacional a competência de aprovar a demarcação das terras indígenas, criação de unidades de conservação e titulação de terras quilombolas, que antes é de responsabilidade do poder executivo, por meio da Funai, do Ibama e da FCP, respectivamente. A aprovação da PEC põe em risco as terras indígenas já demarcadas e inviabiliza toda e qualquer possível demarcação futura.

No Senado tramita a PEC 038/99 que tem o mesmo propósito da PEC 215.

Recentemente foram aprovadas mudanças no Código Florestal pelo Congresso Nacional, as quais irão facilitar a exploração dos recursos naturais e desencadear impactos negativos para o meio ambiente e, as terras indígenas certamente serão atingidas.

Na Câmara dos Deputados também tramita o Projeto de Lei (PL) 1610/96 que trata da exploração mineralem terras indígenas. O PL representa uma abertura total das terras indígenas à livre exploração das empresas mineradoras. O texto original não prevê qualquer proteção ao território, ao meio ambiente e muito menos à vida das pessoas que vivem nas comunidades indígenas a serem afetadas.

Como as PEC, as Portarias, os Decretos e as mudanças do Código Florestal já citados, no Legislativo são produzidos dezenas de projetos de lei referentes aos direitos indígenas, sendo a maioria com o propósito de reverter os direitos garantidos pela Constituição Federal.

O desmonte da FUNAI

Ao mesmo tempo que o Executivo tenta legislar sobre os direitos indígenas, que não é seu papel constitucional, tem optado também por desmontar totalmente o órgão indigenista, a Funai. Anular a atuação do órgão faz parte de toda essa maléfica estratégia contra os diretos dos povos indígenas.

Em 2009, mais uma vez na calada da noite e sem ouvir índios e servidores publicou-se o Decreto 7056/09, que literalmente desmontou toda a estrutura administrativa da Funai em suas bases. Servidores e índios lutaram com todas as forças para reverter o malfadado Decreto, mas como resistir ante a ocupação da Sede da Funai em Brasília pela Força Nacional durante o longo período de janeiro até meados de outubro de 2010!

A nova estrutura da Funai prevista pelo Decreto 7056/09 até os dias atuais não foi implantada efetivamente. Inúmeros Relatórios da Controladoria Geral da União (CGU) vêm comprovando a situação vivida pela Funai e pelos povos indígenas, dando conta dos fatos ocorridos.

Quase três anos após a publicação do Decreto 7056/09 e, com a Funai em plena crise administrativa, é publicado no Diário Oficial da União (DOU) em 30 de julho de 2012 o Decreto 7778/12, que vem substituir o anterior, mudando novamente a estrutura organizacional da Funai. Índios e servidores, mais uma vez, ficaram à parte da proposição desse Decreto e a tão esperada abertura de diálogo com a Direção da Funai não foi concretizada mais uma vez.

Se a primeira mudança demonstrou-se um fracasso, a segunda certamente será o desastre final.

A Funai desmontada, a SESAI (Secretaria Especial de Saúde Indígena) inoperante, o MEC (Ministério de Educação) ausente, é obvio concluir que os povos indígenas brasileiros estão literalmente entregues à própria sorte e por força da necessidade submetidos a madeireiros, garimpeiros, empreendimentos desenvolvimentistas, políticos inescrupulosos, etc.

A máscara caiu!

Não dá mais para esconder! A Portaria 303, e outras medidas adotadas pelo Governo Federal desde a edição do PAC, acabaram por revelar a verdadeira face do Governo Dilma.

E agora o que fazer?

A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, o Conselho Indigenista Missionário e a Associação Nacional dos Servidores da Fundação Nacional do Índio, numa aliança inédita, mas necessária e urgente, entende que somente a união e a mobilização dos povos indígenas e grupos aliados poderão conter e reverter a ofensiva contra os direitos dos povos e comunidades indígenas.
Apelamos, portanto, a todos que de fato tenham interesse em garantir aos povos indígenas brasileiros os seus direitos constitucionais que divulguem amplamente o presente documento. Façam-no chegar às mais longínquas aldeias. Auxiliem os povos e comunidades indígenas na leitura e compreensão do grave momento por que passamos todos.
Por todos os motivos apresentados acima, a luta no presente momento deve ser focada na revogação definitiva da Portaria 303 e da Portaria 419, bem como do Decreto 7778/12 e no repúdio à PEC 215.  

Brasília – DF, 07 de agosto de 2012.

Articulação dos Povos Indígenas do Brasil - APIB
Conselho Indigenista Missionário - CIMI
Associação Nacional dos Servidores da Fundação Nacional do Índio - ANSEF