Declaración de los Pueblos Indígenas de Abya Yala

Los representantes de los pueblos indígenas de Abya Yala, articulados en 
la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica- 
COICA, la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas CAOI, el 
Consejo Indígena de Centro América CICA, el Consejo Indígena de Meso 
América CIMA, la Red de Mujeres Indígenas por la Biodiversidad RMIB, el 
Consejo de Todas las Tierras, Enlace Continental de Mujeres Indígenas de 
las Américas, los representantes del Pueblo Saramaka y otros delegados 
de Pueblos Indígenas que suscriben esta resolución, en el marco del 
desarrollo del “Diálogo Regional de Pueblos Indígenas y el Fondo 
Cooperativo para el Carbono Forestal (FCPF) del Banco Mundial”, 
efectuado en Lima, Perú del 22 al 24 de agosto del 2012, luego de haber 
desarrollado un profundo análisis sobre la política de los gobiernos en 
relación a la elaboración, implementación y aplicación de la política de 
REDD+, en la región.

Considerando que la implementación de los procesos REDD+ en Abya Yala ha 
significado la violación de los derechos fundamentales de los Pueblos 
Indígenas; reiteramos al Banco Mundial, al FCPF y a su Comité de 
Participantes, nuestras propuestas generales siguientes.

Hemos revisado la Política Operativa 4.10 del Banco Mundial sobre 
Pueblos Indígenas. A este respecto las experiencias nos reportan que 
tales políticas no cubren las diversas situaciones en materia de 
derechos colectivos que afectan a los Pueblos Indígenas en los países de 
la región y que debe ser armonizada con la Declaración de Naciones 
Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI).

Los Pueblos Indígenas reiteramos que dicha Declaración (DNUDPI), es el 
instrumento que estipula derechos mínimos y al mismo tiempo constituye 
una herramienta elemental para el diálogo nacional y multilateral basado 
en la buena fe. Sin embargo, este instrumento no ha sido respetado ni 
aplicado por los gobiernos en muchas partes de la región. De la misma 
forma y a pesar de las limitantes del Convenio 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes de la OIT, sigue siendo un 
instrumento válido que se debe respetar, promover y aplicar. Asi mismo, 
los estados y la banca multilateral, deben respetar la jurisprudencia 
(Casos Saramaka, Awas Tigni, Sarayaku, entre otros) sobre Derechos de 
los Pueblos Indígenas que va estableciendo la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) y que hace parte de los “acuerdos 
internacionales” que comprometen a los estados latinoamericanos. En 
relación a la armonización de la normativa interna de cada país con sus 
obligaciones internacionales de derechos humanos de los pueblos 
indígenas, exigimos que todo esto sea un requisito previo a la 
aprobación de los proyectos de REDD+ en nuestros países.

Los Pueblos Indígenas ratificamos el derecho inherente e imprescriptible 
sobre nuestras tierras, territorios y sus recursos, basados en el 
artículo 28º de la DNUDPI.

Los Pueblos Indígenas reiteramos el derecho a la Libre determinación que 
nos asiste y que ha sido reconocido recientemente por la resolución de 
la Asamblea General de Naciones Unidas para la implementación Universal 
de dicho derecho y del mismo modo reconocido en el artículo 3º de la 
DNUDPI, así como en la “Declaración del Derecho al Desarrollo” y como lo 
estipula inequívocamente el artículo 1º del Pacto de Derechos Civiles y 
Políticos y el artículo 1º del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales.

Asi mismo, señalamos las propuestas siguientes:

1. A raíz de la experiencia de preparación, implementación y aplicación 
de los R- PP sobre políticas de REDD, en América Latina y el Caribe, los 
Pueblos Indígenas consideramos un imperativo establecer un Protocolo 
Internacional (Principios, reglas y procesos) para la relación 
institucional y permanente entre el Banco Mundial, FCPF y los Pueblos 
Indígenas sobre la implementación de los mecanismos y procesos REDD+ en 
todas sus etapas; que estén basados en la Declaración de Naciones Unidas 
sobre Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI).

Consideramos que dicho Protocolo Internacional debe elaborarse mediante 
un diálogo directo, transparente, equitativo y de fiel cumplimiento, 
entre el Banco Mundial y los Pueblos Indígenas del Abya Yala, a través 
de las organizaciones presentes en este Diálogo y ampliable a otras más, 
mediante un proceso, que deben ser apoyado por el FCPF y construido 
conjuntamente con nuestras organizaciones.

2. Los procesos REDD+ no deben ser continuados o implementados en 
aquellos países donde no se hayan respetado los derechos colectivos y 
territoriales de nuestros pueblos; ni efectuado las debidas consultas, 
con la participación efectiva de los pueblos, o donde se carecen de 
mecanismos institucionales para la preparación y ejecución de REDD+; 
hasta que dichos derechos fundamentales sean respetados y garantizados, 
con evaluaciones independientes al respecto. Lo que empieza o se prepara 
mal, no se podrá mejorar en las etapas siguientes.

3. Sobre la revisión de la Directiva Operacional 04.10 del Banco Mundial 
sobre Pueblos Indígenas, rechazamos el enfoque de diluirla o 
desaparecerla en una norma sobre “comunidades locales”. Nuestra 
solidaridad con ellas implica, no reducir derechos, sino al contrario 
ampliar lo ya conseguido por nuestros pueblos a dichas comunidades locales.

4. En cuanto a la capacitación y relación directa e institucional entre 
los Pueblos Indígenas, el FCPF y el Banco Mundial, las organizaciones de 
los Pueblos Indígenas articuladas en la Coordinadora de Organizaciones 
Indígenas de la Cuenca Amazónica COICA, la Coordinadora Andina de 
Organizaciones Indígenas CAOI, el Consejo Indígena de Centro América 
CICA, Consejo Indígena de Meso América CIMA, la Red de Mujeres Indígenas 
por la Biodiversidad RMIB, el Consejo de Todas las Tierras, Enlace 
Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, los representantes del 
Pueblo Saramaka y otros delegados de Pueblos Indígenas que suscriben 
esta resolución, conformaremos un equipo con organizaciones idóneas para 
establecer y efectuar las actividades denominadas de “Intermediarios 
Regionales”. Esta se formalizará ante el Banco Mundial y FCPF en un 
plazo que no exceda los 30 días y se solicita a dichas entidades, el 
apoyo para el proceso indígena que permita viabilizarlo.

Finalmente reiteramos nuestra firme disposición al dialogo tanto con el 
Banco Mundial y con el FCPF, con el objeto de definir el alcance y 
contenido del Protocolo Internacional, lo cual debe constituir la base 
para la relación firme y duradera en el futuro; para lo cual proponemos 
la continuidad de este Diálogo mediante un nuevo cronograma posterior al 
Diálogo global de Diciembre del 2012 en Doha.

Lima, 24 de agosto del 2012

Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica COICA

Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas CAOI

Consejo Indígena de Centro América CICA

Consejo Indígena de Meso América CIMA

Red de Mujeres Indígenas por la Biodiversidad RMIB

Consejo de Todas las Tierras

Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas

Belo Monte, anúncio de uma guerra

Documentário independente filmado ao longo de 3 expedições à região do rio Xingu, Altamira e arredores, São Paulo e Brasília. Apresenta imagens e fatos reveladores sobre a maior e mais polêmica obra em andamento no Brasil.

A edição e finalização foram financiados por mais de 3.429 pessoas no site Catarse. Para saber mais sobre a campanha de financiamento coletivo acesse http://catarse.me/pt/projects/459-belo-monte-anuncio-de-uma-guerra

Santa Catarina diz não à PEC 215

A PEC 215, em trâmite no Congresso Nacional, tira da União a decisão sobre as terras indígenas e passa para o Congresso Nacional. Com isso os ruralistas, que apoiam a PEC, pensam que será mais fácil vencer as resistências que por ventura possam surgir quando da ocupação de algum lugar onde vivam os índios. Como agora há uma presidente permeável às demandas das comunidades eles viram que era melhor arrancar o mal pela raiz. Devem ter pensado: “vai que a presidente resolve dar uma de esquerda e proteger os índios. Melhor não arriscar”. A ideia então foi jogar a decisão para o Congresso Nacional onde os poderosos têm quase total controle.

As comunidades indígenas são contrárias a essa proposta porque sabem que no Congresso Nacional, quem manda é o poder financeiro. Em Santa Catarina, uma aula aberta sobre o tema, com a presença do professor João Pacheco de Oliveiram, tirou o seguinte manifesto:

Manifesto ao Congresso Nacional e à Sociedade Brasileira sobre o Projeto de Emenda Constitucional - PEC 215/2000

Os participantes da aula-aberta "A PEC 215 CONTRA OS DIREITOS TERRITORIAIS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E AMBIENTAIS", ocorrida em 04 de junho de 2012, no auditório da Reitoria da Universidade Federal de Santa Catarina vem, por unanimidade, manifestar aos Deputados Federais e Senadores do Congresso Nacional, e à sociedade brasileira, sua posição contrária à aprovação da PEC 215 em plenária, considerando:

- Que Terras Indígenas, Quilombolas, de Populações Tradicionais e Unidades de Conservação devem ser devidamente reconhecidas e garantidas no Brasil, via processo administrativo, sob a responsabilidade constitucional do Poder Executivo;

- Que a independência entre os Poderes da União – o Legislativo, o Executivo e o Judiciário (artigo 60, §4º, inciso III da Constituição Federal de 1988) – deve ser respeitada e praticada igual e integralmente nestes casos;

- A existência de documentos internacionais de proteção de direitos territoriais, como a Convenção nº 169 sobre Povos Indígenas e Tribais em Países Independentes da Organização Internacional do Trabalho (OIT, 1989), ratificada pelo Brasil por meio do Decreto nº 143/2002; a Declaração das Organizações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas (ONU, 2007) e a Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais da UNESCO, ratificada pelo Decreto nº 485/2006.

Posicionando-se contrariamente à PEC 215/2000, os participantes requerem aos parlamentares o voto a favor da Constituição Federal de 1988.

Florianópolis/SC, 04 de junho de 2012.

Discriminação étnica ainda é forte na Bolívia

Jorge Medina - primeiro deputado afroboliviano

Dia 24 de maio as gentes saem às ruas contra o racismo

Por Elaine Tavares - jornalista

Alguém pode pensar que ser aymara, quéchua ou guarani, na Bolívia, não provoque nada demais, uma vez que eles juntos formam a esmagadora maioria da população daquele país. Apesar dos 500 anos de dominação, os invasores europeus não conseguiram dizimar a população autóctone, que não só manteve seus núcleos étnicos como mesclou com os brancos, produzindo o mestiço. Mas, saber a quantidade certa de indígenas na Bolívia não é coisa fácil. Como lembrou a socióloga Silvia Cusicanqui, durante as Jornadas Bolivarianas de 2011, em Florianópolis, o censo varia conforme os desejos de quem o faz. “Há momentos em que somos mais de 50%, outros em que somos 30%, e isso com diferença de um ano entre os números. Hoje, fala-se em 68%, mas, o certo é que da cifra exata ainda não temos noção”. Quem já teve a possibilidade de circular pelo país não tem dúvida alguma quanto ao rosto indígena da Bolívia. Mesmo nas regiões da “Media Luna”, onde os brancos atuam como velhos capitães de escravos, arrotando uma superioridade racial, os originários assomam como maioria.

Terra para o povo de Galdino

Por Raquel Moysés - jornalista

De novo a posse de suas terras ancestrais em terras de Brasil. O povo Pataxó Hã-Hã-Hãe conquistou, no tribunal máximo da nação brasileira, depois de um julgamento de quatro anos e uma ação judicial que durou três décadas, uma vitória surpreendente. Por ampla maioria, os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceram o direito dos Pataxó às suas terras tradicionais na região de Caramuru-Catarina Paraguassu, localizada no sul da Bahia. O território desse povo originário, que engloba as etnias Baenã, Pataxó Hã-Hã-Hãe, Kamakã, Tupinambá, Kariri-Sapuyá e Gueren, fora invadido e eles expulsos por sucessivas expropriações. Na década de 1940, o governo da Bahia passou a distribuir títulos de propriedade a produtores rurais dentro da área indígena, mas a partir do fim dos anos de 1970, os Pataxó decidiram lutar pela recuperação de seu território. Somente em 1982 teve início um lento e difícil processo judicial, mas um desfecho favorável como o que acaba de se concretizar parecia quase impossível.